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Un amplio operativo internacional, documentado en videos y fotografías, culminó con la expulsión de cerca de 250 presuntos integrantes del Tren de Aragua desde Estados Unidos hacia El Salvador. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio confirmó que la medida se ejecutó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, reactivada el sábado tras décadas en desuso.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele aceptó recibir a los deportados y aseguró que permanecerán en sus centros penitenciarios. Rubio destacó que este acuerdo reducirá costos para los contribuyentes estadounidenses y reforzará la seguridad nacional.
En paralelo, Washington envió a El Salvador a 23 miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos dos considerados altamente peligrosos.
“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, expresó el secretario de Estado.
El gobierno estadounidense sostiene que el Tren de Aragua representa una amenaza terrorista y es responsable de actos de violencia extrema en su territorio. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, justificó la medida afirmando que la expulsión de estos individuos salvó vidas y combatió directamente el crimen organizado, reseñó la agencia de noticias Efe.
“Es una de las bandas terroristas más violentas y despiadadas del planeta. Violan, mutilan y asesinan por deporte. Es responsable de algunos de los crímenes más atroces ocurridos en suelo estadounidense en los últimos años”, declaró Leavitt.
El proceso enfrenta obstáculos legales. Un tribunal federal impuso restricciones temporales a la aplicación de la ley, impidiendo la deportación de ciudadanos venezolanos detenidos bajo este marco. El juez James Boasberg ordenó que cualquier vuelo con personas afectadas regresara a territorio estadounidense, dejando en suspenso futuras expulsiones.
Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro rechazó la medida y la calificó de discriminatoria. En un comunicado oficial, denunció lo que considera una criminalización de los migrantes venezolanos y acusó a Washington de violar los derechos humanos mediante una ley obsoleta.
