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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este sábado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de arresto contra un inmigrante hondureño indocumentado acusado de presuntamente asesinar a un hombre tras apuñalarlo con un “cuchillo grande” en un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte.
Según el comunicado, el ciudadano, identificado como Oscar Gerardo Solórzano-García, enfrenta una acusación de asesinato en primer grado. Añadieron que cuenta con antecedentes que incluyen arrestos por presunta agresión agravada con un arma mortal, destrucción de pruebas, resistencia al arresto y uso de una identificación falsa, además de condenas previas por robo y reingreso ilegal al país.
ICE calificó al sospechoso como un “inmigrante ilegal criminal”, aunque la información divulgada corresponde únicamente a lo señalado por el DHS.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en el comunicado que “este atroz apuñalamiento perpetrado por este inmigrante ilegal dos veces deportado jamás debió haber ocurrido”.
Noem aseguró que ICE presentó una orden de detención para evitar que Solórzano-García fuera liberado nuevamente en comunidades de Carolina del Norte, pero advirtió que “no podemos garantizar que el condado cumpla con la orden, ya que tienen un historial de no cooperar con el ICE”.
Tenía orden de deportación
De acuerdo con el DHS, Solórzano-García recibió una orden final de deportación en 2018 y fue expulsado por la Administración Trump el 9 de marzo de ese año. Posteriormente, habría sido detenido de nuevo tras cruzar la frontera en 2021 y expulsado otra vez.
El comunicado añade que volvió a ingresar al país de manera supuestamente irregular por tercera ocasión, en una fecha y lugar que las autoridades dicen desconocer.
El DHS también recordó que el mes pasado anunció un incremento de recursos para la Operación Charlotte’s Web, que se desarrolla en Carolina del Norte y está enfocada en localizar a inmigrantes indocumentados con historial delictivo.
Según la agencia, estos individuos “acudieron en masa al estado de Tar Heel porque sabían que los políticos santuario los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles estadounidenses”.
El comunicado señala que existen cerca de 1,400 órdenes de detención pendientes en Carolina del Norte que no se han cumplido, lo que —según el DHS— ha permitido la liberación de inmigrantes indocumentados con presunto historial delictivo en vecindarios del estado.
ICE insistió en que la orden de arresto presentada busca asegurar que Solórzano-García permanezca bajo custodia mientras avanza el caso en su contra, en el que las autoridades reiteran que las acusaciones son parte de los señalamientos oficiales y deben ser procesadas por el sistema judicial.
