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La Corte Suprema de Virginia puso este lunes bajo escrutinio el proceso legislativo que permitió avanzar en la enmienda de redistribución de distritos congresionales, que podría redefinir el mapa político del estado y afectar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Durante la audiencia, los magistrados cuestionaron si la Asamblea General, controlada por los demócratas, cumplió correctamente con los requisitos constitucionales al someter a votación la medida que habilita un nuevo trazado electoral, publicó Associated Press.
Los nuevos distritos podrían otorgar a los demócratas hasta cuatro escaños adicionales en el Congreso.
La enmienda fue aprobada por los votantes la semana pasada en una consulta estatal ajustada. Sin embargo, una demanda presentada por legisladores y actores republicanos sostiene que el proceso legislativo previo violó normas constitucionales y de procedimiento.
Eso podría invalidar tanto la enmienda como el resultado electoral reciente si el tribunal les da la razón.
El punto más técnico del caso gira en la interpretación de la palabra “elección”.
La Constitución de Virginia exige que una enmienda pase dos veces por la legislatura, con una elección intermedia de por medio, antes de llegar a las urnas.
La controversia surge porque la primera aprobación legislativa del plan de redistribución ocurrió en octubre del año pasado, cuando ya había comenzado la votación anticipada, pero antes del día oficial de las elecciones generales, recordó la agencia.
Los demandantes argumentan que el proceso es inválido porque, al estar ya en curso la participación ciudadana, la legislatura no respetó el requisito de que los votantes pudieran conocer la postura de los legisladores antes de emitir su decisión.
En cambio, los abogados que defienden la medida sostienen que “elección” debe entenderse de manera estricta, limitada al día oficial de votación, lo que dejaría la actuación legislativa dentro del marco constitucional.
Durante la audiencia, los argumentos también se centraron en el impacto que el proceso tuvo sobre el derecho de los votantes a estar informados. El abogado de los demandantes, Thomas McCarthy, sostuvo que el diseño constitucional buscaba precisamente garantizar transparencia política antes de cada voto legislativo.
Como ejemplo, mencionó el caso de una votante demócrata que apoyó a un legislador que posteriormente patrocinó la enmienda sin que ella pudiera conocer esa postura en el momento de sufragar. Según la demanda, este tipo de situaciones demuestra una falla estructural en el procedimiento.
“Los votantes no sabían que esto iba a ocurrir, y así no está diseñado este proceso”, afirmó McCarthy ante los magistrados.
Por su parte, la defensa de la Asamblea General insistió en que el resultado final debe respetarse porque la enmienda fue ratificada por los ciudadanos en las urnas. Tras la audiencia, el abogado defensor Matthew Seligman sostuvo ante la prensa que la voluntad popular no debería ser revertida por una disputa técnica sobre el calendario legislativo.
