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Un juez federal en California suspendió temporalmente la decisión de la administración de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos.
La revocación del TPS, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ponía en riesgo la permanencia de aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos que enfrentaban la posibilidad de ser deportados a partir de abril.
La decisión judicial del juez Edward M. Chen bloquea, por ahora, los planes del gobierno republicano de eliminar la protección, la cual permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país mientras su nación de origen atraviesa una crisis humanitaria.
La decisión del juez se centró exclusivamente en los venezolanos, sin extenderse a otros grupos amparados por el TPS.
En su decisión, el juez Chen dejó claro que los venezolanos con TPS tienen menos índices de criminalidad que el promedio, que tienen tasas de participación laboral más altas que el promedio y que el gobierno de Trump no demostró ningún daño en continuar el TPS a Venezuela.
Añadió que la acción de Noem “amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo Estados Unidos”.
El tribunal concedió la moción de presentada la semana pasada por la Alianza Nacional del TPS, liderada por decenas de miles de beneficiarios del TPS y organizaciones, que pedían suspender la orden de la administración Trump.
“La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”, había dicho en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.
Con esta resolución, los venezolanos acogidos al programa podrán continuar bajo el amparo del TPS hasta que se tome una determinación definitiva sobre su futuro legal.
El fallo representa un revés para la administración Trump, que ha endurecido su postura migratoria y argumenta que las condiciones en Venezuela han cambiado lo suficiente como para justificar la eliminación del beneficio.
