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Un número creciente de legisladores republicanos está presionando para que se lleve a cabo una investigación profunda sobre las tácticas federales de inmigración en Minnesota, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, informó Associated Press (AP).
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, solicitó la comparecencia de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Señaló que su “principal prioridad sigue siendo mantener a los estadounidenses seguros”.
A esa petición se sumaron figuras republicanas de peso, entre ellas el representante Michael McCaul y los senadores Thom Tillis, Bill Cassidy, Susan Collins y Lisa Murkowski, así como varios gobernadores del partido.
Las reacciones reflejan las tensiones internas que enfrenta el Partido Republicano ante un caso que ha puesto en cuestión el relato inicial del gobierno de Donald Trump sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
“Increíblemente perturbador”
Cassidy calificó el tiroteo como “increíblemente perturbador” y advirtió que la “credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”.
El senador de Luisiana reclamó una investigación conjunta federal y estatal.
Tillis, por su parte, pidió una pesquisa “exhaustiva e imparcial” y criticó a quienes, desde la administración, “se apresuran a emitir juicios antes de que la investigación siquiera comience”.
Murkowski afirmó que los agentes federales “no tienen carta blanca” en el ejercicio de sus funciones, mientras que Collins sostuvo que es necesario esclarecer si se utilizó fuerza excesiva en una situación que, a su juicio, podría haberse resuelto sin violencia.
Aunque pidió a los manifestantes no interferir con las fuerzas del orden, Collins subrayó que las autoridades federales deben reconocer tanto el derecho a protestar como el clima de alta tensión en la ciudad.
Incluso el senador Pete Ricketts, un aliado cercano de Trump, reclamó una “investigación prioritaria y transparente”. “Mi apoyo a la financiación del ICE no cambia, pero también debemos defender nuestros valores fundamentales, incluido el derecho a protestar”, afirmó.
La administración Trump culpa a los demócratas
Mientras tanto, funcionarios de la administración mantuvieron su defensa de las operaciones migratorias y culparon a líderes demócratas de Minnesota y a las autoridades locales por no cooperar con los agentes federales.
Las posiciones adoptadas tras el tiroteo sugieren que la Casa Blanca podría enfrentar resistencia dentro de su propio partido, en particular frente a los intentos de caracterizar a Pretti como un manifestante violento, indicó AP.
El subjefe de gabinete Stephen Miller lo calificó de “asesino” y “terrorista doméstico”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el hombre intentó impedir una operación policial.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, describió el hecho como una “verdadera tragedia” y pidió al presidente explicar cuál es el objetivo final de las redadas. “A nadie le gusta que los federales lleguen a sus estados”, afirmó.
El gobernador de Vermont, Phil Scott, calificó el tiroteo como “inaceptable” y criticó la falta de coordinación y liderazgo en las operaciones federales.
Las autoridades sostienen que Pretti estaba armado legalmente, aunque hasta ahora ningún video difundido muestra un arma visible. El jefe de policía de Minneapolis indicó que contaba con permiso para portar armas, un punto que ha generado fricciones dentro de un partido históricamente alineado con la defensa de la Segunda Enmienda.
Organizaciones defensoras del derecho a portar armas recordaron que en Minnesota es legal acudir armado a una protesta, mientras que figuras republicanas como el congresista Thomas Massie afirmaron que “portar un arma no es una sentencia de muerte”.
