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Un inmigrante fue sentenciado este lunes a una década en una prisión federal en Texas por dos cargos relacionados con tráfico sexual de dos mujeres indocumentadas y posesión ilegal de un arma de fuego, informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas en un comunicado.
De acuerdo con los documentos judiciales citados por la Fiscalía, Edson José Contreras-Torrealba, ciudadano venezolano de 34 años, operaba junto a Eyleen Aular-Marín entre febrero y agosto de 2024 en San Antonio, donde, según las autoridades, reclutaron y explotaron a varias mujeres para que prestaran servicios sexuales bajo condiciones de control y endeudamiento.
Según la investigación, Contreras-Torrealba siempre portaba un arma de fuego y mantenía a las víctimas en hoteles o apartamentos de los que no podían salir sin autorización. Una de ellas, también venezolana e indocumentada, fue contactada a través de Facebook y posteriormente, de acuerdo con la Fiscalía, se le impuso una deuda de 30.000 dólares que debía pagar mediante prostitución.
Contra la explotación sexual
Otra mujer, igualmente indocumentada, era confinada en un hotel y obligada a atender hasta 25 citas diarias, compartiendo con Contreras-Torrealba un porcentaje de las ganancias, señala el comunicado.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, afirmó que la sentencia refleja el compromiso de las autoridades para frenar la explotación sexual.
“Si pretende lucrarse con la mercantilización sexual de las personas, no venga a San Antonio ni a ningún otro lugar del Distrito Oeste de Texas”, declaró Simmons en el comunicado.
La investigación fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y por el Departamento de Policía de San Antonio. El agente especial Craig Larrabee y el jefe de policía William McManus destacaron que la condena busca enviar un “mensaje claro” contra la trata de personas en la región.
“Buscaremos la justicia sin descanso y mantendremos nuestro compromiso de proteger a las víctimas, junto con nuestros socios federales”, declaró McManus.
En el mismo caso, Aular-Marín fue sentenciado el pasado 3 de septiembre a 70 meses de cárcel, mientras que otra coacusada, Ronayde Salazar-García, tiene previsto recibir su sentencia el próximo 21 de octubre.
